Carlos S. Tárrago
14.09.2026.- Madrid.- La Sala Sagasta del Congreso de los Diputados fue escenario de un seminario especialmente oportuno cuando se cumplen 150 años de la Constitución de 1876. Organizado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), el encuentro reunió a cuatro especialistas —Jorge Vilches, Demetrio Castro, Roberto Villa y Carlos Ruiz Miguel— para analizar la Restauración y el proyecto político de Antonio Cánovas del Castillo desde perspectivas diferentes pero complementarias. La jornada permitió acercarse a un periodo fundamental de nuestra historia contemporánea y, al mismo tiempo, reflexionar sobre una cuestión que trasciende aquel momento: cómo construir un sistema político capaz de hacer posible la convivencia entre quienes piensan de manera diferente.
En la apertura, Tristán Pertíñez Blasco, director de CENTRA, subrayó la oportunidad de la iniciativa como una forma de reconocer la contribución de Andalucía a la historia de España. José Antonio Parejo Fernández, profesor de la Universidad de Sevilla, editor de CENTRA Humanidades y director de Andalucía en la Historia, ejerció de moderador y puso desde el comienzo uno de los acentos que recorrerían toda la jornada: la necesidad de superar la barrera que convierte al adversario político en enemigo. En ese marco situó también la figura de Cánovas y el propósito de abordar la Constitución de 1876 como un antecedente fundamental en la construcción de la convivencia política.
Jorge Vilches García, de la Universidad Complutense de Madrid, abrió las sesiones con una pregunta esencial: «Cómo fue posible la Restauración de la Monarquía». Su intervención no se limitó al cambio de régimen, sino que trató de explicar los problemas políticos que Cánovas tuvo que afrontar para conseguir que aquella Restauración pudiera asentarse.
Vilches presentó a Cánovas como un político capaz de comprender los problemas de su tiempo y de extraer de la historia experiencias útiles para resolverlos. Entre las cuestiones que tuvo ante sí señaló la necesidad de encajar la Monarquía en su época, evitando convertirla en un instrumento de ajuste de cuentas; la importancia de contar con una élite política capaz de sostener las instituciones; la dificultad de construir un sistema de partidos estable; la necesidad de educar políticamente a la sociedad para que confiara en las instituciones y ejerciera las libertades con responsabilidad; y, finalmente, el problema de cómo encauzar la demagogia sin permitir que la confrontación destruyera el sistema.
En este punto apareció una de las ideas más interesantes de la intervención de Vilches: para Cánovas, la vida política exigía tres atributos fundamentales en quienes la protagonizaban: lealtad, legalidad y responsabilidad. Lealtad al sistema en el que se vive; legalidad, es decir, actuación dentro de la Constitución; y responsabilidad, que implicaba aceptar la presencia del adversario y no recurrir a la agitación o a la violencia como instrumentos políticos. La estabilidad del sistema de partidos debía permitir precisamente canalizar las distintas opiniones existentes en la sociedad.
Demetrio Castro Alfín, de la Universidad Pública de Navarra, trasladó después la mirada desde España hacia Europa con su ponencia «Los espejos británico y francés en el proyecto de Cánovas». Su intervención permitió recordar que el constitucionalismo español de la Restauración no puede estudiarse al margen del debate constitucional europeo. Los Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados muestran, según explicó, que muchos de los protagonistas de aquel momento conocían lo que se estaba discutiendo en otros países y seguían con atención aquellas experiencias.
Pero conocer los modelos extranjeros no significaba copiarlos. Una de las ideas centrales de Castro fue precisamente que en el constitucionalismo europeo estaba muy presente el principio de que cada Constitución debía responder a la idiosincrasia y a las necesidades de cada pueblo. De ahí el interés de Cánovas por las experiencias francesa y británica, pero también su voluntad de construir una solución propia. La influencia francesa podía apreciarse en determinados aspectos doctrinarios del texto, mientras que el modelo británico aparecía como un verdadero repertorio de elementos útiles para construir un régimen monárquico y parlamentario.
La intervención de Castro aportó así una perspectiva que resulta esencial: la Constitución de 1876 no surgió de un aislamiento intelectual, sino de un diálogo con el constitucionalismo europeo. Cánovas y otros protagonistas conocían aquellas experiencias y seleccionaron de ellas elementos que podían servir a la realidad española.
Fue Roberto Villa García, de la Universidad Rey Juan Carlos, quien abordó de manera más directa la cuestión de la estabilización política en su ponencia «Cánovas, piloto del cambio. La transición a la Monarquía constitucional». Su punto de partida resultó especialmente sugerente: no debemos quedarnos únicamente con la expresión «Restauración borbónica». Lo que se estaba restaurando no era solamente una dinastía, sino también la propia Monarquía constitucional, y lo verdaderamente innovador estaba en la manera en que Cánovas intentó hacerlo.
Villa recordó los precedentes que estaban en la memoria política de Cánovas, desde el primer intento de acabar con la Monarquía absoluta hasta la experiencia que condujo a la Constitución de 1845. Pero la nueva Restauración tenía que ser diferente. Si se pretendía construir un sistema que pudiera perdurar, debía desvincularse de los mecanismos revolucionarios y de las experiencias anteriores de inestabilidad. De ahí la importancia de un modelo de transición distinto, capaz de producir legitimidad y estabilidad.
Especial interés tuvo su reflexión sobre la relación entre la Constitución de 1876 y la de 1978, que llevó a hablar de una cierta genealogía constitucional. Villa rechazó la simplificación de considerar la Constitución de 1876 simplemente como «no democrática». En su contexto histórico era, en todo caso, predemocrática: la democracia en el sentido contemporáneo no existía todavía como realidad consolidada. Lo importante es que durante las décadas de vigencia del texto fueron evolucionando las prácticas electorales y políticas que contribuirían posteriormente a la democratización española.
Otro de los aspectos destacados por Villa fue el equilibrio entre la Corona y las Cortes. La Monarquía constitucional debía articularse de manera que el poder no quedara concentrado en una sola institución ni en una única mayoría parlamentaria. El bicameralismo respondía también a esa lógica de equilibrio. Y en ese mismo planteamiento adquiría especial importancia la posición del monarca respecto del Gobierno y de la mayoría parlamentaria.
Villa subrayó asimismo la preocupación de Cánovas por apartar al Ejército de la intervención directa en la vida política. La figura del rey soldado, y como jefe del Ejército, debía contribuir a evitar que los pronunciamientos militares siguieran desempeñando el papel que habían tenido durante buena parte del siglo XIX. La Monarquía debía convertirse así en un punto de encuentro y de estabilización, no en un instrumento de una facción política.
Pero probablemente la idea de Villa que más conecta con el sentido general de la jornada fue la de la alternancia. La consolidación de un sistema constitucional no consiste únicamente en aceptar unas reglas escritas; se produce cuando partidos diferentes pueden acceder al Gobierno y ejercer sus propios principios dentro de una misma Constitución. En ese momento aparece la verdadera prueba de la aceptación del sistema: la aceptación del adversario.
Carlos Ruiz Miguel, de la Universidad de Santiago de Compostela, cerró las intervenciones con una ponencia cuyo propio título resumía una de las grandes cuestiones del seminario: «La Constitución más longeva de nuestra historia: 1876 y la conciliación de los españoles». Su tesis fue especialmente expresiva: la Constitución de 1876 nace para conciliar y muere para conciliar.
Ruiz Miguel destacó que el texto constitucional no nació con la pretensión de dividir a los españoles, sino de integrarlos después de un periodo de fuertes conflictos. La cuestión carlista constituía uno de ellos. La nueva situación política trató de incorporar a quienes habían quedado fuera del sistema, al tiempo que se abordaban cuestiones que habían alimentado el enfrentamiento político y religioso. La Constitución recogió elementos procedentes de la tradición de 1845, como la dimensión dinástica y confesional, pero incorporó también determinados derechos presentes en la experiencia de 1869.
Otro aspecto señalado fue la continuidad de la Constitución como norma jurídica. Durante la vigencia del texto de 1876, la Constitución no quedó reducida a una declaración política, sino que tuvo presencia en la práctica jurídica. Ruiz Miguel recordó en este sentido la actuación del Tribunal Supremo frente a resoluciones contrarias al marco constitucional.
La cuestión social ocupó también un lugar en su exposición. El sistema nacido en 1876 tuvo que enfrentarse progresivamente a nuevas demandas sociales y laborales. En las primeras décadas del siglo XX se desarrollaron reformas que mostraban cómo la sociedad española estaba cambiando y cómo el sistema trataba de responder a aquellas transformaciones. La aparición del socialismo, del anarquismo y de nuevas formas de movilización obligaba a ampliar el campo de la política.
Y algo semejante sucedió con los regionalismos y los nacionalismos. La cuestión territorial fue adquiriendo una importancia creciente y el sistema trató también de encontrar fórmulas de integración. La evolución posterior demostraría, sin embargo, que no todos los conflictos podían resolverse mediante los mismos instrumentos ni que todas las fuerzas políticas estaban dispuestas a aceptar las reglas de convivencia.
La jornada adquirió así una dimensión que iba más allá del análisis estrictamente constitucional. Las cuatro intervenciones permitieron contemplar la Restauración desde distintos ángulos, pero acabaron confluyendo en una misma cuestión: la dificultad de construir estabilidad política cuando los adversarios dejan de reconocerse mutuamente como interlocutores legítimos.
La presencia de José Varela Ortega, que participó activamente en el turno de preguntas y fue citado en varias ocasiones por Roberto Villa y Jorge Vilches, añadió especial interés a una sala en la que también se encontraban Dámaso Berenguer Roig, III conde de Xauen; Cuca Berenguer, bisnieta del general Berenguer; Carmen Huertas Arguiñano, viuda del duque de Canalejas; Soledad Cánovas del Castillo Sánchez-Marcos, bisnieta de Antonio Cánovas; Alfonso Pérez Maura, escritor y secretario general de la Fundación Antonio Maura, y los historiadores Antonio Moral Roncal y Carlos S. Tárrago.
Durante el seminario se presentó asimismo el número 90 de Andalucía en la Historia, cuyo dosier central está dedicado a Cánovas y al 150 aniversario de la Constitución de 1876, e incluye un homenaje a Luis Arranz Notario por su contribución al estudio y a la renovación de las interpretaciones sobre la Restauración.
Al salir de la Sala Sagasta queda, por tanto, algo más que el recuerdo de una Constitución que consiguió una extraordinaria longevidad. Queda una reflexión sobre la política como ejercicio de responsabilidad, sobre la necesidad de unas reglas compartidas y, sobre todo, sobre la aceptación de quien piensa de otra manera. Cánovas entendió que la estabilidad exigía que el adversario pudiera convertirse en alternativa, y que la alternancia solo era posible cuando todos aceptaban un mismo marco de convivencia.
La historia de la Restauración ofrece, naturalmente, luces y sombras, y no puede trasladarse mecánicamente al presente. Pero precisamente por eso resulta útil estudiarla: porque muestra que ninguna Constitución, por acertada que sea su arquitectura, puede garantizar por sí sola la convivencia. Necesita ciudadanos, dirigentes y partidos dispuestos a aceptar las reglas, a reconocer al adversario y a buscar fórmulas de integración.
Y quizá esa sea la enseñanza que mejor resume la jornada celebrada en el Congreso de los Diputados. Una enseñanza que pertenece a la historia, pero que no ha perdido su vigencia: **no se puede conciliar a quien no quiere conciliarse.**
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