Políticos y Tribunales corruptores del lenguaje de los ciudadanos
Julia
Sáez-Angulo
El Tribunal Constitucional, un tribunal de nombramiento político
y a su vez tribunal de instancia que puede anular al Tribunal Supremo, está
resultado un tribunal injusto, por su tardanza en dictar sentencia y ya se sabe
que justicia lenta, igual a sentencia
injusta. Afirmación de manual de Teoría General del Derecho.
Siete años ha tardado en emitir la sentencia sobre el “matrimonio”
homosexual y ha dado lugar a que veintidós mil personas se hayan unido en ese
contrato de denominación inadecuada e inexacta, ateniéndonos simplemente al
Diccionario de la real Academia Española de la Lengua, DRAE.
La denominación se debe al malhadado
presidente Rodríguez Zapatero, encantado con dividir y fraccionar la sociedad,
en meternos a todos en una suerte de guerra/civilismo peligroso e inconveniente;
un cristianófobo diáfano. Zapatero actuó en contra de la opinión de los
cristianos y de buena parte de la sociedad española.
Un contrato civil entre homosexuales hubiera
bastado para defender sus derechos, pero no manipulando y corrompiendo el
lenguaje como hizo y como ahora ha ratificado el Tribunal más político de
cuantos tenemos (como para reírse de otros tribunales del pasado).
Cuando en la Real Academia de la Lengua Española se presentó
un nuevo diccionario de validez para todos los países que hablan español, un
periodista preguntó si se había modificado la definición de matrimonio, y su entonces
presidente, García de la Concha, dijo que las palabras las crea el pueblo y
nadie entendía por matrimonio la unión homosexual en la comunidad de habla
hispana.
Los políticos y tribunales se ponen papistas, el Tribunal
Constitucional se hace también cámara legislativa, aparte de Tercera Cámara
alta y los ciudadanos, el pueblo, estamos a su merced de entrometidos, injustos
y manipuladores/corruptores del lenguaje. Sus competencias han de tener límites
para que no nos hagan pasar a los ciudadanos por sus horcas caudinas.
En
suma, con la citada sentencia del Constitucional sobre los homosexuales, se
instala la dictadura de los políticos a partir de los votos sobre materias que
no son de su competencia como es el lenguaje, alegando como “argumento jurídico”
el pensamiento dominante o la presión homosexual que llega hasta el insulto
cuando no se piensa como ellos (véase también la normativa de rebajar la edad
sexual a los trece años que también se debió en buena parte al lobby
homosexual, como se vio en las colaboraciones y declaraciones públicas de
muchos de ellos).
Otro día lamentable para el progresivo desprestigio de los
tribunales de justicia en España, la sentencia sobre el “matrimonio”
homosexual, que debiera llamarse andromonio o ginomonio, con claras palabras
griegas.
Ahí está el viejo dicho de “corrompe el lenguaje y
conseguirás lo que te propones”: cambiar el agua de la pecera sin cambiar los
peces. Ahora el lenguaje lo manipulan y corrompen los políticos y tribunales,
que lo quieren imponer a sus sociedades por la vía de la partitocracia, que
impone su filosofía y creencias.
El Partido Popular, con su cobardía congénita, es incapaz de
legislar con auctoritas y
convencimiento lo que dice creer y esto ha de pasarle factura entre sus
electores. No vaya a creer que sus votos están cautivos.
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